31 de enero de 2020
Pedro Cabello Poleo: Las universidades no pueden ser instrumentos ciegos de ningĂșn gobierno

Fuente: Prensa Unimar/D.A./CNP 3.641 Untitled document

La importancia de la autonomía universitaria frente a la hegemonía del Estado y de los gobiernos fue el tema de la Clase Magistral dictada por el profesor Pedro Cabello Poleo, el martes 28 de enero, enmarcada en la celebración del vigésimo aniversario de vida académica de la Universidad de Margarita.

“La Autonomía Universitaria es un tema profundo, ampliamente discutido y no siempre desprovisto de polémica y ardorosa discusión. Así ha sido casi desde los inicios de las Universidades en la edad media. El debate se ha hecho más vivo por cuanto el tema político siempre ha estado vinculado a la autonomía”. Así abrió su disertación, el profesor Cabello Poleo, cofundador de la Universidad de Margarita y quien cuenta con una amplia trayectoria en el campo académico, como profesor titular, luego Decano y posteriormente Rector de la Universidad de Oriente, parlamentario en tres oportunidades del Congreso Nacional de la República de Venezuela, diputado electo en dos oportunidades y una tercera como Senador, siempre por el estado Monagas,  entidad de la que fue gobernador.

El Aula Abierta del Campus Universitario de Unimar se llenó la mañana del martes, con un público integrado tanto por unimaristas como por visitantes externos. En primera fila se encontraban los miembros del Consejo Superior: Profesores Pedro Augusto Beauperthuy, María Eugenia Morales y el ing. Aníbal Gómez; la Rectora profesora Antonieta Rosales de Oxford, el Vicerrector Académico, profesor Antonio Martínez, la Vicerrectora de Extensión, Profesora Thamara Echegaray, la Secretaria General, profesora Fanny Marcano, y demás miembros del cuerpo de Decanos y directores de la Universidad.  Con ellos, profesores, estudiantes, personal administrativo y demás invitados especiales.

El profesor Cabello Poleo hizo un breve recuento histórico del origen las universidades en el mundo occidental, desde la de Bolonia en el siglo XI, la de Paris y la de Oxford en el siglo XII, en el siglo XIII la de Salamanca y la de Cambridge, y otras, organizadas todas ellas sobre un basamento autonómico.

“Desde España nos vino la autonomía universitaria por medio de la Universidad de Salamanca y la de Alcalá de Henares, Universidades que han servido de modelo para la creación de muchas Universidades en América.

Citando al Profesor Universitario y autor de textos, Alexis Márquez Rodríguez, el profesor Cabello destacó que la autonomía universitaria se erige primordialmente frente al estado y a los gobiernos, entre otras razones, porque se trata de instituciones privadas o semiprivadas, ajenas al aparato gubernamental, aunque muchas de ellas fueron reconocidas oficialmente e incluso se les brindó protección y ayuda financiera.

Al abordar el caso de la autonomía en la universidad venezolana recordó que ha sido consecuencia de un largo proceso histórico, que se inició cuando el Rey Carlos IV, el 4 de octubre de 1781, le concedió la autonomía a la Universidad de Caracas, primera universidad en la entonces capitanía general de Venezuela.  Después de la Independencia, el Libertador Simón Bolívar, al promulgar los Estatutos Republicanos, elaborados por la propia Universidad de Caracas, no solo mantiene el principio autonómico que venia desde la colonia, sino que además le dona a la Universidad un lote de haciendas para que con sus rentas financiara sus actividades universitarias.

Posteriormente, en 1843, se ratifica la autonomía universitaria en el Código de Instrucción Pública, donde se establece que las autoridades universitarias serán electas por un cuerpo electoral integrado por los catedráticos en propiedad de sus cátedras. En la Universidad de Caracas eran tres representantes electorales y dos en la Universidad de Mérida, nombrados por cada una de las facultades.
Aunque la Autonomía Universitaria, como principio, ha sido respetada, sigue el profesor Cabello Poleo, ha habido momentos en la historia en que ha sido agredida, tal como ocurrió en 1849, bajo la presidencia de José Tadeo Monagas, cuando una reforma del Código de Instrucción Publica permitió la injerencia del gobierno en el nombramiento y remoción de catedráticos. En dicha reforma se estableció que “el gobierno no permitiría proveer las cátedras en propiedad ni en interinato en personas desafectas al gobierno republicano o sospechosas de su amor al espíritu democrático del Sistema de Venezuela.” Y todos los catedráticos desafectos al gobierno podían ser removidos.

Siguiendo con su recuento histórico, el profesor Cabello Poleo destacó que la mayor agresión a la Autonomía Universitaria ocurrió en 1883, en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, quien por decreto dispuso que tanto el Rector, como el Vicerrector y los catedráticos serían designados por el ejecutivo. El gobierno, además, despojó a la Universidad de sus bienes y posesiones y estableció un sistema de financiamiento que aniquilo el sistema autonómico. A partir de entonces la Universidad pasó a depender del Estado. Quedó establecido, hasta nuestros días, el régimen de “Dozavo”.
Entrado el siglo XX la situación de las universidades venezolanas no cambió: El régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez cerró las universidades por 10 años, hasta 1921. En 1918, en Argentina, se produce el Movimiento Autonómico de la Universidad de Córdova, que tendría una gran influencia en nuestra universidad y en las de todo el continente. Se establece la libertad de catedra, el cogobierno universitario, con amplia participación de profesores y alumnos, la regulación de la relación entre el gobierno y la universidad, entre varias medidas que impactarán el ambiente y engrosarán el sistema autonómico de las universidades en la América Hispana.

En nuestro país, sigue el profesor Cabello Poleo, es en 1940, con el gobierno de Eleazar López Contreras, cuando se dicta una nueva Ley de Educación en la que se restituyen algunos aspectos de la autonomía, en especial lo tocante a la designación del Rector por parte del ejecutivo, dentro de una lista elaborada por la universidad. Fue  el inicio para otros logros autonómicos posteriores. Pero en 1943, con el gobierno del General Isaías Medina Angarita se regresa a la práctica de la designación de las autoridades universitarias por parte del Ejecutivo Nacional.

Los acontecimientos del 18 de octubre de 1945, que culminan con el derrocamiento de Medina Angarita, abren una nueva etapa en la historia de Venezuela, recuerda el profesor Cabello. En 1946 el Rector de la UCV, Juan Oropeza, nombra una comisión para la elaboración de un nuevo Estatuto Universitario. La comisión, integrada por algunos ilustres profesores, como Eduardo Calcaño y Raúl García Arocha, la presidía Rafael Pizani. Por primera vez un estudiante era escogido para participar en tan importante circunstancia, y fue el Bachiller Alejandro Osorio. La comisión proponía una reforma a fondo de las universidades, independizándolas de las influencias y ataduras con el gobierno, fortaleciendo el sistema autonómico. Proponía también la fijación por ley de una cuota presupuestaria no menor del 2 por ciento en el Proyecto de Ley de Presupuesto de Rentas Públicas de la Nación y la garantía de libertad de manejo de esos fondos. La propuesta no fue aprobada por la Junta de Gobierno. Sin embargo, se aprobó la fijación de un monto de asignación anual presupuestario entre el 1% y el 2%. El Estatuto de 1946 estableció por primera vez la representación estudiantil en los órganos de cogobierno de las universidades públicas y consagró también la libertad de cátedra y la libertad de los profesores para elaborar los programas de sus asignaturas.

Con el derrocamiento del gobierno del presidente Rómulo Gallegos, en 1948, y la instalación de una Junta de gobierno presidida por el coronel Carlos Delgado Chalbaud, el Estatuto se mantuvo vigente hasta 1951, cuando la Junta presidida ahora por Germán Suarez Flamerich, destituye las autoridades de la UCV y designa como nuevo Rector al Dr. Eloy Dávila Celis, de despótica trayectoria en la Universidad de Los Andes. La UCV estalla en protestas y el gobierno emite un decreto ordenando la intervención y reestructuración total de la Universidad. El Estatuto de 1946 quedó derogado, causando nuevas protestas por parte de la comunidad universitaria en defensa de la autonomía vulnerada. El gobierno clausura por tiempo indefinido la universidad, declara insubsistentes las partidas presupuestarias para el pago del personal docente, destituye a mas de 140 profesores y expulsa a 137 estudiantes, muchos de ellos fueron encarcelados y otros tantos enviados al exilio.  La UCV permaneció cerrada hasta 1953, cuando se dictó una nueva Ley de Universidades con la que se termino de eliminar toda forma de autonomía: se dispuso el libre nombramiento y remoción de los profesores que fueron calificados como empleados públicos. Esta situación se mantuvo hasta el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en enero de 1958.

Con la nueva Junta de Gobierno, y la creación de una comisión para la redacción de un proyecto de Ley de Universidades, el 5 de diciembre de 1958 se promulgo la Ley de Universidades vigente actualmente.
La Ley del 58 instaura plenamente la autonomía, a la que define en términos amplios e inequívocos. A través de sus diferentes articulados se establece que “las Universidades son autónomas”, que “el recinto universitario es inviolable”, que no podrá ser allanado sino para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia. También se establece la autonomía administrativa en lo tocante a los manejos de los fondos propios de cada universidad, incluidas las partidas que les sean asignadas en la Ley de Presupuesto.

Las autoridades serán designadas por el claustro formado por profesores, estudiantes y egresados. También se consagra la libertad y pluralidad de cátedra y se establece que la enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana; abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, expuestas de manera rigurosamente científicas.

A mediados de 1969 bajo la influencia de los sucesos del “Mayo 68” en Paris, se producen movimientos reformistas que alcanzaron niveles críticos en algunas facultades. El clima de tensión subió a tal punto que el gobierno presidido por Rafael Caldera intervino militarmente la UCV. Esta violación a la autonomía universitaria fue seguida por una reforma de Ley de Universidades del 58 que, paradójicamente, amplió la autonomía al definir cuatro áreas autonómicas: Organizativa, Académica, Administrativa y Economía Financiera.

Las universidades venezolanas continuaron gozando de su autonomía, lo que tuvo su momento cumbre al aprobarse en 1999 la Constitución en la que se define, en el artículo 109, los alcances de la autonomía universitaria: “El Estado reconocerá la autonomía como principio que permite a profesores, estudiantes y egresados dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica. Las universidades se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y administración de su patrimonio”. También se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Al alcanzar rango constitucional, la autonomía universitaria es un solido basamento para la defensa y progreso de las universidades venezolanas.

Pero al entrar al siglo XXI, 20 años después, la universidad democrática y autónoma vive momentos oscuros: oprimida y desbastada ante la asignación de presupuestos exiguos y la modificación de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2009, que incorpora el voto del personal administrativo y obrero en condiciones de igualdad, convirtiendo el voto universitario en un derecho meramente político. Para más, la sala constitucional del TSJ emitió la sentencia no. 324 que ordena realizar elecciones universitarias conforme al numeral 3 del articulo 34 de la modificada ley Orgánica de Educación, contraviniendo el mandato constitucional de reconocimiento por parte del estado de la autonomía universitaria, lo cual modifica la naturaleza académica del derecho a elegir sus autoridades.

A través de los años es notorio el desarrollo de una larga lucha en torno a la relación del Estado con la Universidad, en especial con los gobiernos de turno: la tentación por controlar a las universidades es evidente, sin importar el signo o característica del gobierno que se trate. La autonomía universitaria, paradójicamente, parece mal vista tanto por los gobiernos de derecha como de izquierda, en especial por las dictaduras, sean del signo ideológico que sean , concluyó el profesor Cabello Poleo.






   
Fotos:Hector Marin/Reportero Grafico/CRGV 1.474